22 Dic Despidos masivos en Big Tech: Qué protección brinda la ley española
Hace ya algunas semanas que es noticia: Amazon, Twitter y Meta, entre otras empresas tech de menor envergadura, iniciaron un proceso de despidos masivos en el mundo. Y también en España. Analicemos qué protección brinda la ley española ante estos casos.
La gran expansión que vivió todo el sector tecnológico durante la pandemia, y en el comienzo de su etapa posterior, se vio gravemente afectada este año principalmente por la incertidumbre de la guerra en Ucrania y la inflación. También afectaron otro tipo de factores, como los financieros –con una fuerte subida en los tipos de interés– y, en el caso de España, los regulatorios. En contextos de incertidumbre, las empresas tecnológicas, tan habituadas a la alta rotación de empleados, le huyen a entornos regulatorios en términos laborales y tributarios que consideran “restrictivos” en favor de otros más “flexibles”.
En España, el caso que más resonó fue el de Twitter. Esto es así porque el comienzo del rumor de los despidos masivos coincidió con la llegada de Elon Musk al directorio de la compañía y su pública campaña en favor del recorte de empleados. Sin embargo, lo cierto es que, puertas adentro, la amenaza de tales despidos había comenzado antes. Este caso pegó fuerte en la agenda mediática española, tanto que el secretario de la UGT, Pepe Álvarez, se pronunció al respecto y planteó que Twitter debería abrir un período de consultas y negociaciones y, al mismo tiempo, articular el despido masivo a través de un expediente de regulación del empleo (ERE).
Si una empresa decide despedir a más de 120 trabajadores en un trimestre o al 10% de su plantilla, la ley española la obliga a articular tal despido colectivo en el marco de un ERE. Para cumplir satisfactoriamente con el derecho laboral –tal como está estipulado en el Estatuto de los Trabajadores–, la organización debe cumplir con ciertas obligaciones que protejan los derechos de los trabajadores:
- En primer lugar, el ERE que conduce al despido masivo debe estar justificado. Puede estar motivado por causas económicas, técnicas, organizativas y/o de producción.
- Debe comunicarse de modo oficial y colectivo.
- Debe abrirse un período de consultas y negociaciones de 15 días con el representante o los representantes legales de los afectados.
- Debe notificarse a la autoridad laboral competente.
- Debe, finalmente, comunicarse mediante una notificación final el acuerdo alcanzado que establece las condiciones de los trabajadores.
Tales condiciones deben garantizar:
- Indemnización por despido.
- Derecho a cobrar el paro.
- Plan de recolocación.
- Reclamación del despido.
Por supuesto –y más aún tratándose de empresas que sostienen una cultura de trabajo norteamericana, poco sindicalizada y donde los despidos no deben estar justificados–, la empresa puede, en la práctica, intentar proceder sin cumplir con lo que la ley española estipula, confiando en que los trabajadores no estarán debidamente organizados, con lo que les será más difícil conocer sus derechos, y por lo tanto, no van a ser capaces de formular eficazmente una reclamación de los mismos.. Como todos sabemos, por lo general son los sindicatos las instituciones formadas por los trabajadores a través de las cuales se estructuran este tipo de reclamaciones; y sabemos que, al menos desde 2019, España presenta la tasa de sindicalización más baja de los últimos 30 años. Por lo tanto, es de esperar que estas empresas intenten no cumplir con lo que estipula el Estatuto de los Trabajadores ya que su plantilla no está organizada para llevar a acabo eficazmente este tipo de reclamaciones.
Ahora bien: el derecho es el derecho. Si los empleados afectados, aún sin estar oficialmente sindicalizados, se organizaran, podrían reclamar el cumplimiento de sus derechos y, así, estar mejor posicionados en un contexto económico y social de crisis e incertidumbre. Lo que sucede es que, en muchos casos, los nuevos trabajadores directamente desconocen el derecho laboral.
La ley española protege a los ciudadanos ante situaciones tan poco deseables como los despidos masivos realizados por las compañías tecnológicas. Saber esto, conocer en detalle la información y entenderla como herramienta es un primer paso para defender y hacer valer los derechos que nos corresponden.
